El gobierno porteño presentará una medida cautelar para frenar la aplicación de la ley que impulsó el presidente Alberto Fernández.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se resigna e insistirá este lunes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en plantear la inconstitucionalidad de la ley que sancionó el Congreso el pasado 10 de diciembre, con la que le recortan fondos de la coparticipación federal.
El Ejecutivo que lidera Horacio Rodríguez Larreta presentará una medida cautelar insistiendo en su reclamo ante el máximo tribunal. “Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, argumentan desde el gobierno porteño a través de un comunicado.
Y amplían: “La Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”.
Entre los principales motivos que esgrime el mandatario porteño es que “la Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA. Y atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.
Desde el entorno de Larreta describen el perjuicio que se le ocasionó al distrito desde que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto en septiembre de este año que luego el Congreso ratificó con la sanción de una ley: “La suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado”.
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta
“Para evidenciar la magnitud del despojo se debe señalar que desde que se produjo la primera reducción como consecuencia del Decreto 735/2020 de fecha 10-9-2020, claro antecedente de la ley ahora cuestionada, la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de percibir en concepto de coparticipación hasta el 10 de diciembre la suma de $11.010.634.519. Y la aplicación de la ley implica para el año 2021 una pérdida de $ 65.083.500.000″.
La pelea por los fondos para la Ciudad viene de lejos, desde antes que se desatara la pandemia en nuestro país. Pero después de una “tregua” que se prolongó durante los meses más duros del coronavirus, recrudeció en septiembre cuando el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 735. Allí, mientras se multiplicaban los reclamos salariales de los efectivos de la policía bonaerense, el Presidente decidió que a la Ciudad se le iban a sacar 150 millones de pesos diarios y que se los destinaría a la provincia de Buenos Aires dirigida por Axel Kiciloff.
La reducción de un poco más de dos puntos de la coparticipación pasó a ser del 3,5% a un 1,4% del Presupuesto nacional. Esto significa que la Ciudad de Buenos Aires, anualmente, percibirá 62 mil millones de pesos menos. El 18 de septiembre, Rodríguez Larreta, a través de la Procuración de su distrito, presentó una acción de inconstitucionalidad, que incluía una cautelar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de frenar esa poda de fondos. El 1º de enero, la Corte entrará en feria judicial y todavía no se pronunció sobre este primer pedido.
Alberto Fernández envió poco tiempo después un proyecto de ley al Congreso para validar lo que había expuesto en el decreto 735. El Senado lo aprobó el 2 de octubre y recién en este mes, el 1º de diciembre, la Cámara de Diputados le dio curso con modificaciones por lo que debió volver a la Cámara Alta en revisión. El 10 de diciembre, el mismo día que los diputados le daban media sanción a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los senadores la transformaron en ley por 40 votos a 25.
Según expresa esa ley la Nación dejará de enviarle en forma automática a la Ciudad los fondos de coparticipación para que afronte los gastos destinados a la seguridad. Y a cambio establece un monto fijo de 24 mil millones de pesos anuales que se ajustarán trimestralmente por un índice: en un 80% por la evolución del salario de los policías y en un 20% por la inflación en el distrito.
En esta ley el oficialismo también incluyó que se abra un período de negociación entre Nación y Ciudad durante 60 días. Pero en el larretismo la propuesta no cayó para nada bien porque consideran que les proponen un ámbito de discusión por demás desfavorable.
La reacción de Ciudad no se hizo esperar. En una muestra de un ajuste mayor que el esperado, en la aprobación de su presupuesto para 2021 impulsó nuevos impuestos: subió la alícuota de Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos, eliminó la exención de Ingresos Brutos sobre las LELIQs y dispuso que se le cobre un 1,2% a los gastos que se hagan con tarjetas de crédito dentro de su ámbito. Además, se anunció que se paralizarán importantes obras públicas como la mudanza de la cárcel de Devoto y la urbanización del predio del Mercado de Hacienda en Mataderos.