La ONG había exhortado al gobierno a que investigue a la fuerza, cuyos altos mandos «habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance» para prevenir la represión a las protestas desatadas a partir del 18 de octubre de 2019.
El gobierno chileno y el cuerpo de Carabineros salieron a rechazar el informe que Amnistía Internacional publicó el miércoles denunciando «graves violaciones a los derechos humanos» durante la represión a las protestas que estallaron el 18 de octubre del año pasado. El ministerio de Justicia negó que la fuerza policial tenga una «política premeditada» de uso de la fuerza contra los manifestantes, mientras que Carabineros señaló que las operaciones antidisturbios se realizaron de manera legal, y que el reporte presentado por Amnistía contiene «una serie de imprecisiones y omisiones». El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza policial tuvo lugar el viernes dos de octubre, cuando el oficial Sebastián Zamora arrojó a un joven menor de edad desde un puente al río Mapocho durante una manifestación. La semana pasada, el presidente Sebastián Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros.
A través de un comunicado, Carabineros señaló que «el informe de Amnistía Internacional da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que éstas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia». El cuerpo de uniformados explicó que entre octubre de 2019 y marzo de este año se produjeron alrededor de 2.800 «eventos graves» con «episodios inéditos de extrema violencia», y que en ese contexto se esforzaron por abordar esos desórdenes «en cumplimiento del mandato constitucional y pleno apego a las leyes vigentes».
En tanto, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile planteó que analizará el reporte de Amnistía aunque lamentó su contenido y considera que omite la actuación e investigación de otros órganos del gobierno chileno. Reiteraron «con fuerza» que «no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el informe».
Ojos sobre Chile
Según el documento de Amnistía Internacional titulado «Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social», entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre se registraron 347 lesiones graves causadas por disparos de escopetas o bombas lacrimógenas, municiones contrarias al estándar internacional sobre uso de la fuerza. La ONG advirtió que las violaciones a los derechos humanos se siguen registrando hasta la actualidad.
Amnistía denunció la «impunidad» en el accionar policial y la displicencia por parte de los altos mandos. A pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.
Fuente: Página/12